El alcalde Jacobo Rodríguez volvió a justificar el muro construido a un costado de las vías del ferrocarril bajo el argumento de que se encuentra dentro del derecho de vía de Ferromex. La postura ocurre después de meses de cuestionamientos sobre la forma en que el Ayuntamiento autorizó el proyecto y sobre la participación de una empresa relacionada con la familia del edil en el suministro del concreto. La secuencia del caso se remonta a mayo de 2025, cuando el propio alcalde había señalado que el proyecto se encontraba detenido debido a las casas ubicadas en el sector.
El 25 de septiembre el Municipio cobró 37 mil 656 pesos por la licencia correspondiente y permitió avanzar con la autorización para el muro, sin que el permiso pasara por Cabildo ni fuera sometido a consulta ciudadana. El 6 de octubre, el entonces secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció públicamente que esa autorización no había pasado por el Cabildo.
Posteriormente, en noviembre, la administración municipal negó información solicitada vía transparencia sobre los estudios que justificarían técnicamente la obra, incluidos los cuestionamientos relacionados con el impacto hidrológico. En diciembre, camiones y maquinaria identificados con la concretera ARCCO fueron captados suministrando concreto en la construcción del muro.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, ARCCO está vinculada a AIKIN, empresa cuyos propietarios son familiares del alcalde, entre ellos sus padres y un tío; esa relación ha sido señalada por conflicto de interés.
La relación temporal entre la autorización municipal y el posterior suministro de concreto, habría sido la condición administrativa que permitió que el proyecto avanzara, mientras que una empresa señalada como vinculada al entorno familiar del alcalde terminó participando en el suministro del material. Esto constituyó un señalamiento de conflicto de interés.
Ahora, a pesar del descontento de los vecinos, Ferromex instaló un portón como parte del esquema de confinamiento de las vías, obstaculizando la vialidad de la calle Nezahualcóyotl. En julio de 2026, el tema volvió al Cabildo, donde regidores cuestionaron que el portón obstruyera una vialidad considerada de competencia municipal y plantearon solicitar su retiro.
Frente a esos cuestionamientos, Jacobo Rodríguez sostiene que se trata del derecho de vía de Ferromex y defendió el cierre por razones de seguridad ferroviaria y migratoria. Dijo que está por construirse un puente peatonal con una rampa en espiral para facilitar el paso de peatones, ciclistas y personas con carriolas, además de que se planteará a Ferromex la posibilidad de construir un puente vehicular; una opción que él mismo había desechado anteriormente con el argumento de que no se podía porque era muy caro.
