Ernesto Ruffo Appel salió el sábado del penal de máxima seguridad del Altiplano. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez le cambió la prisión preventiva por resguardo en su domicilio de Ensenada, Baja California. El traslado va por tierra, escoltado por la Guardia Nacional. El cambio de medida no lo absuelve: la causa 253/2026 sigue abierta por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Deberá permanecer en el inmueble de avenida Ruiz 727, colonia Centro, con vigilancia permanente de la Guardia Nacional. Entregó pasaporte y visa, tiene alerta migratoria y debe reportarse cada día por videollamada ante la Unidad de Medidas Cautelares. No lleva brazalete electrónico por la posibilidad de que requiera atención hospitalaria de urgencia. Tampoco puede trabajar ni comunicarse con coimputados o testigos. La Fiscalía General de la República, Hacienda y Pemex no se opusieron.
Ruffo, de 74 años, fue el primer gobernador panista del país: encabezó Baja California de 1989 a 1995. Lo detuvieron el 16 de julio en Ensenada y una semana después quedó vinculado a proceso junto con otros siete imputados. La defensa acreditó 14 años de arraigo en esa casa y dictámenes médicos que registran hipertensión, apnea del sueño, hipertrofia prostática, triglicéridos altos y problemas de movilidad por una cirugía de cadera. El 21 de septiembre, la jueza Azucena Lazalde Iñiguez, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le había concedido una suspensión definitiva contra la prisión preventiva; la audiencia de revisión se celebró el viernes.
La FGR lo señala como accionista y secretario del consejo de administración de Ingemar, empresa de servicios portuarios y dragado. Según la acusación, esa firma formó parte de una red que introdujo combustible desde refinerías de Texas con declaraciones aduaneras inferiores al volumen real. El País documentó que la Fiscalía le atribuye el ingreso de unos 18 millones de litros de gasolina y diésel en 163 ferrotanques durante 2025, con una evasión estimada de 166.4 millones de pesos.
El expediente se abrió con el aseguramiento del 7 de julio de 2025 en Saltillo y Ramos Arizpe: 129 ferrotanques con 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo —3.96 millones en 33 unidades en Ramos Arizpe y 11.52 millones en 96 unidades en Saltillo—, el decomiso que las autoridades federales presentaron entonces como el de mayor volumen en lo que iba del sexenio.
