El caso de la menor que en días recientes generó una fuerte reacción entre la ciudadanía y una amplia discusión en redes sociales continúa bajo seguimiento de las autoridades competentes, mientras se realizan las evaluaciones necesarias para garantizar su seguridad, bienestar y estabilidad emocional.
La subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Edith Hernández Pérez, informó que la dependencia ha mantenido una intervención constante desde que tuvo conocimiento de los hechos el pasado fin de semana, particularmente ante el clima de tensión que comenzó a generarse alrededor de la situación familiar de la menor.
Explicó que, en un primer momento, la institución decidió resguardar temporalmente a la niña en un Centro de Asistencia Social con el objetivo de proteger su integridad física y emocional, debido a que existía preocupación por el ambiente que se estaba desarrollando alrededor del caso y las posibles situaciones de confrontación derivadas de la exposición pública del mismo.
La funcionaria señaló que, en ese momento, la menor se encontraba bajo el cuidado provisional de familiares por parte de la rama paterna; sin embargo, ante las circunstancias que comenzaron a presentarse y como medida preventiva, la Procuraduría determinó su resguardo mientras se analizaba la situación jurídica y familiar.
Posteriormente, la dependencia recibió un requerimiento emitido por una autoridad federal derivado de un juicio de amparo promovido por el padre de la menor.
Dicho mandato ordenaba a la Procuraduría dar cumplimiento a una resolución en un plazo de 24 horas, por lo que fue necesario revisar la situación legal relacionada con la guarda y custodia de la niña.
De acuerdo con Hernández Pérez, la investigación permitió establecer que la madre contaba con la guarda y custodia legal, situación que fue tomada en cuenta para dar cumplimiento a la determinación federal.
No obstante, y con la finalidad de seguir garantizando la protección de la menor, la entrega se realizó bajo condiciones específicas.
La niña fue reintegrada con su madre, pero permanecería en el domicilio de una familiar materna, quien tendría la responsabilidad de supervisar su bienestar y colaborar en el seguimiento de las medidas establecidas por las autoridades.
La subprocuradora destacó que durante el proceso también participaron especialistas encargados de realizar valoraciones y entrevistas a la menor.
Personal capacitado acudió al Centro de Asistencia Social para efectuar evaluaciones psicológicas y recabar información sobre su estado emocional, así como conocer su percepción respecto a la situación que enfrenta.
Indicó que la opinión de la menor fue considerada dentro de los procedimientos de protección, ya que escuchar su versión forma parte de los protocolos establecidos para este tipo de casos y contribuye a que las autoridades cuenten con mayores elementos para la toma de decisiones.
Respecto a las inquietudes surgidas en torno a la posible actuación de personal educativo y elementos de corporaciones de seguridad que aparecen en algunos de los videos difundidos en redes sociales, Hernández Pérez explicó que la Procuraduría realiza investigaciones relacionadas con la protección de la niñez y las condiciones en las que se desarrolla el entorno familiar de los menores.
Precisó que, cuando existen posibles conductas que pudieran constituir algún delito, corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos para iniciar o continuar una carpeta de investigación.
En ese sentido, señaló que la labor de la PRONNIF consiste en realizar estudios del entorno familiar, visitas domiciliarias, valoraciones psicológicas y análisis de las condiciones en las que se encuentra la menor, con el objetivo de integrar información que posteriormente es presentada ante las autoridades judiciales competentes.
La funcionaria añadió que las investigaciones continúan en curso y que la dependencia deberá rendir nuevos informes ante la autoridad federal, los cuales incluirán los resultados de las evaluaciones realizadas tanto a la menor como a las personas que forman parte de su entorno familiar.
Mientras las instancias correspondientes continúan con el análisis del caso, la menor permanece bajo las medidas de protección establecidas por las autoridades, en tanto se determina de manera definitiva la situación jurídica y familiar que garantice el respeto a sus derechos y su desarrollo en un ambiente seguro.
