La sesión ordinaria de Cabildo de este miércoles podría convertirse en uno de los episodios más delicados de la disputa por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez notificará oficialmente un acuerdo administrativo que ya firmó y puso en marcha para asumir, de manera temporal, la conducción operativa del organismo.
Aunque inicialmente parecía que el Cabildo discutiría o votaría la intervención de SIMAS, el propio orden del día revela otra cosa: el acuerdo ya fue “suscrito y ejecutado” por el alcalde y únicamente se dará cuenta al Ayuntamiento “para que quede enterado”. Es decir, la administración municipal interpreta que no necesitaba autorización previa de los regidores para asumir funciones operativas dentro del organismo operador de agua. Para justificar la medida, el alcalde invoca el artículo 104 del Código Municipal de Coahuila, que le permite resolver asuntos urgentes bajo su “inmediata y directa responsabilidad” cuando considere que no admiten demora. Sin embargo, especialistas consultados sobre el tema advierten que SIMAS no es una dirección común del Ayuntamiento, sino un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio y órganos propios de gobierno, lo que vuelve jurídicamente discutible que el presidente municipal pueda asumir unilateralmente funciones gerenciales.
El acuerdo municipal sostiene que existe una “situación extraordinaria” derivada de la separación cautelar de Lorenzo Menera Sierra y de la imposibilidad legal para integrar el Consejo Directivo debido a litigios y suspensiones judiciales aún vigentes. Por ello, el alcalde asegura que tuvo que intervenir para evitar una parálisis en el suministro de agua potable. Sin embargo, el documento está cuidadosamente redactado para insistir una y otra vez en que la medida es “provisional”, “extraordinaria”, “temporal” y que “no constituye nombramiento” como gerente. También aclara que no pretende sustituir al Consejo Directivo ni alterar de forma definitiva la estructura legal del organismo, lenguaje que para observadores del conflicto refleja el intento de evitar futuras acusaciones de invasión de facultades o desacato judicial.
Pero quizá el punto más contradictorio del orden del día es que, mientras el alcalde sostiene que la ausencia del gerente obligó a asumir el control operativo de SIMAS, la misma sesión contempla la presentación del “Informe anual de actividades del gerente general” del organismo. Es decir, el Ayuntamiento parece sostener simultáneamente dos posturas: por un lado afirma que el gerente está separado y que existe un vacío de conducción; pero por otro sigue reconociendo institucionalmente la figura del gerente para efectos oficiales. Esa dualidad podría convertirse en uno de los puntos más polémicos del conflicto, pues jurídicamente permite al Municipio argumentar que no destituyó formalmente a Lorenzo Menera Sierra, mientras en los hechos el alcalde ya asumió funciones operativas, administrativas y de conducción dentro del organismo. Todo ello ocurre después de meses de confrontación política, controversias constitucionales, amparos, acusaciones cruzadas y una creciente disputa por el control del sistema operador de agua en la ciudad.
