La posibilidad de ampliar el decreto para la regularización de vehículos quedó completamente descartada, afirmó Óscar Martínez, comerciante de autos usados en la ciudad, al asegurar que no existe ninguna prórroga vigente ni en proceso por parte del Gobierno Federal.
Explicó que, aunque en semanas recientes surgieron versiones sobre una posible extensión para quienes realizaron trámites durante el 2025, incluyendo el pago de 2,500 pesos ante el SAT y citas programadas, dichas versiones no se concretaron.
“No hay absolutamente nada confirmado; todo quedó en especulación”, puntualizó.
Indicó que también se manejó la posibilidad de implementar un esquema alterno mediante instancias como aduanas o el propio SAT; sin embargo, aclaró que ninguna de estas propuestas avanzó, por lo que el decreto debe considerarse totalmente concluido.
Ante este panorama, Martínez destacó que la única alternativa vigente para legalizar unidades es a través del proceso formal de importación con pedimento, aplicable a vehículos modelo 2019 o anteriores.
Este trámite requiere presentar el título del automóvil, identificación oficial y comprobante de domicilio.
Advirtió que los costos son más elevados en comparación con el esquema anterior, alcanzando alrededor de 35 mil pesos el trámite, dependiendo del modelo.
Pese a esto, afirmó que este procedimiento brinda certeza jurídica, ya que los vehículos cuentan con pedimento y factura, lo que permite su libre circulación incluso fuera del país.
Martínez sostuvo que, pese al incremento en los costos, la demanda por regularizar vehículos continúa, debido al interés de los propietarios por mantener sus unidades en regla dentro del marco legal vigente.
El cierre definitivo del programa concluyó el 31 de diciembre de 2025, tras cumplir su objetivo de regularizar cerca de 2 millones 987 mil 839 unidades en el país, principalmente en estados del norte.
