Trabajadores sindicalizados de Obras Públicas se concentraron este jueves a las afueras de una sucursal de Banorte, luego de que está por vencerse el plazo para que el municipio cubra un pago de 7.6 millones de pesos por concepto de salarios caídos, derivado de un proceso legal tras el intento de disolver el sindicato.
De acuerdo con el expediente 342/2025, el Tribunal de Conciliación ordenó el pago a un total de 84 trabajadores como garantía de subsistencia, luego de que se resolviera una queja promovida por el propio Ayuntamiento en contra de dicha obligación, establecida desde noviembre de 2025. El acuerdo incluye la instrucción directa al banco para la emisión de cheques con cargo a las cuentas municipales.
El plazo legal de tres días hábiles, tras la notificación realizada esta semana, vence este viernes 20 de marzo. En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones económicas para la autoridad municipal.
En el sitio, representantes de los trabajadores señalaron que el pago corresponde a seis meses de ingresos no percibidos y que tiene carácter de subsistencia, equiparable a una pensión alimenticia. “Es la garantía de subsistencia de los trabajadores; si no se resuelve el amparo a finales de marzo, se volvería a solicitar otra cantidad similar”, explicaron.
Indicaron además que el proceso legal continúa y que el siguiente paso podría ser la reinstalación de los trabajadores, lo que implicaría un impacto mayor para las finanzas municipales.
Estimaciones del propio caso refieren que el monto total podría alcanzar los 40 millones de pesos si se confirma dicha resolución.
Durante la jornada, los trabajadores y sus familias permanecieron en espera de la liberación de los recursos, mientras que personal del banco y áreas jurídicas revisaban el procedimiento para concretar el pago. “El dinero ya está asegurado, ya está embargado, y se va a entregar”, afirmaron representantes de los trabajadores presentes en el lugar.
Este caso se deriva del intento de la actual administración municipal de disolver de manera unilateral el sindicato de Obras Públicas, acción que fue impugnada legalmente y que ha generado resoluciones adversas para el Ayuntamiento.
