Una orden judicial emitida en Massachusetts suspendió temporalmente las deportaciones de ciudadanos de Sudán del Sur beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras un juez federal analiza si fue legal la decisión del presidente Donald Trump de revocar este programa migratorio. La medida protege de manera provisional a cerca de 300 personas que residen y trabajan en Estados Unidos bajo esta figura o con solicitudes aún pendientes.
La determinación fue tomada por la jueza Angel Kelley, quien consideró que la terminación del TPS podría generar consecuencias significativas y de gran alcance, además de posibles daños irreversibles para migrantes provenientes de África Oriental. La orden permanecerá vigente hasta que el tribunal emita una resolución definitiva sobre el fondo del caso.
El proceso judicial deriva de una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la que se alega que la revocación del TPS viola el procedimiento administrativo y es inconstitucional por presunta discriminación racial. De acuerdo con lo previsto, el programa para Sudán del Sur concluiría el 6 de enero de 2026, lo que abriría la posibilidad de deportaciones si no se revierte la decisión.
Por su parte, el gobierno de Trump criticó la suspensión judicial y sostuvo que el TPS fue utilizado de manera indebida en administraciones anteriores. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la eliminación de la protección se basa en una supuesta “paz renovada” en Sudán del Sur y en la capacidad del país para reintegrar a sus ciudadanos, postura que será evaluada por el tribunal en las próximas etapas del caso.
