El Ayuntamiento de Piedras Negras afirmó que detrás del reciente embargo dictado por el tribunal laboral existen “grupos de poder” que habrían influido en la resolución. Sin embargo, el señalamiento no disipó las dudas sobre la manera en que el propio municipio ha manejado la ruta jurídica del caso, pues la medida deriva del amparo directo promovido por la administración municipal, y no de una acción externa.
El asesor legal del municipio, Gilberto Múzquiz, explicó que el embargo por 7 millones 650 mil pesos forma parte de la suspensión solicitada por la misma autoridad municipal. Aunque insistió en que la resolución se dictó con una rapidez “inusual”, el Ayuntamiento evitó profundizar sobre por qué, si consideran que la Ley de Amparo exenta a los municipios de presentar garantías, no anticiparon, o impidieron, que el tribunal interpretara lo contrario.
Múzquiz aseguró que ya habían depositado casi 23 millones de pesos, un monto que triplica lo exigido, y afirmó que no existe riesgo para la operatividad municipal. No obstante, este depósito extraordinario también genera cuestionamientos sobre la previsión real del gobierno local en el manejo de la liquidación del sindicato de Obras Públicas.
El gobierno municipal insistió en que medios y actores políticos buscan amplificar el caso para generar una percepción de crisis. Sin embargo, la administración tampoco ha ofrecido claridad sobre los elementos jurídicos que llevaron al tribunal a ordenar el embargo, ni sobre las inconsistencias de su propia defensa, más allá de culpar a terceros.
Finalmente, el Ayuntamiento argumentó que todo se debe a intereses que “no han superado” la pérdida del control político en la región, adjudicado a terceros la responsabilidad de las consecuencias del proceso.
